La deuda de la Generalitat de Cataluña en 2007 era de más de 15.000 millones de euros; a finales de 2012 alcanzaba los 51.000 millones; en la actualidad, supera los 68.000 millones.


Esta deuda desbocada se ha generado para hacer frente a los gastos generados por el delirio separatista de los partidos catalanes en el poder: embajadas, subvenciones a medios de comunicación afines, sostenimiento de entidades separatistas, etc.

A cambio, el gobierno autónomo de Cataluña ha dejado sin atender sus obligaciones de pago con colectivos tan sensibles como el de los farmacéuticos, produciendo un perjuicio sin precedentes a la sociedad.

DEFENSA SOCIAL exige las medidas más contundentes para frenar la financiación de la independencia catalana con el dinero de todos los españoles.

Los partidos independentistas catalanes JxSí y la CUP han registrado en el Parlamento de Cataluña los primeros trámites para sus tres leyes de transición: ley del Proceso Constituyente, la de la Agencia Tributaria y la de la Seguridad Social. De este modo, se da cumplimiento a la “resolución por la ruptura” aprobada por ese mismo Parlamento el pasado 9 de noviembre, que el Tribunal Constitucional declaró ilegal.

DEFENSA SOCIAL estima que el Estado incurre en una dolosa dejación de sus funciones, al no aplicar con carácter de urgencia todas las herramientas previstas en nuestra Constitución para enfrentar cualquier iniciativa secesionista.

Para DEFENSA SOCIAL, las circunstancias objetivas para avanzar en la aplicación del Artículo 155 de la Constitución, que prevé las suspensión de una Autonomía, hoy son más que evidentes.