La Junta de Andalucía, gobernada desde siempre por el PSOE, acumula la lista de casos de corrupción más extensa de España: fraude de los ERE, fraude en los cursos de formación, caso Invercaria, Fondos Jeremie, caso Marismas, avales de la Agencia IDEA, Facturas falsas de UGT, subvenciones a las Unidades de Empleo, caso Bahía competitiva.

Mientras los grandes partidos se arrojan a la cara sus respectivos casos de corrupción, la ciudadanía comienza a sospechar si la política y el robo a manos llenas no son actividades complementarias, con independencia del color político al que cada cual se adscriba.

DEFENSA SOCIAL apuesta por una forma de hacer política donde la mera sospecha de malversación fraude o robo resulte un factor incapacitante para el desempeño de lo público.