El Ayuntamiento de Madrid prevé gastarse por encima de los 30.000 euros para dotar a sus 57 concejales con tablets de última generación “para que los plenos sean más cómodos”.

El pasado 10 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de les Corts Valencianes la adjudicación del nuevo contrato tecnológico de las Cortes Valencianas por el cual se adquiría un ordenador portátil valorado en 1.364 euros para cada diputado.

DEFENSA SOCIAL opina que estos dispendios no pueden correr a cargo del erario público de un país cuya deuda ya se sitúa en el 100% de su PIB y su presión fiscal sobre el ciudadano se ha convertido en sofocante.

También, que el salario de los representantes públicos ya es bastante saneado como para poderse permitir sus caprichos tecnológicos sin necesidad de sangrar ni una vez más las arcas públicas.